Reducir los recursos a los municipios y prefecturas; ¿Qué existe detrás de esta decisión?

 

¿Se quedarán sin recursos los municipios y las prefecturas con la nueva ley económica urgente presentada por el presidente Daniel Noboa?

Sobre este tema se han escuchado muchas hipótesis, entre ellas que se les va a quitar recursos a los gobiernos descentralizados. Pero, ¿Qué hay de verdad en eso? La realidad es que la idea planteada en la ley no es reducir recursos ni aumentarlos, sino mantener los actuales durante los tres años restantes de gestión.

Lo que el Gobierno ha planteado es ser más estricto en la supervisión y control de la administración económica que realizan las alcaldías y prefecturas con el dinero público, ya que, según Gabriela Sulca, subcontralora General del Estado, existe una preocupante distribución de los recursos, donde no se ha venido priorizando la inversión sobre los gastos corriente.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la viceministra Daniela Contento, dio a conocer que, en el ejercicio fiscal de 2024, algunos municipios solo invirtieron el 24% y otros el 32% de los recursos, dejando en duda el destino del porcentaje restante.

Tomando como referencia estos casos, el Gobierno ha decidido aplicar ciertas medidas que han generado descontento en sectores de la oposición, como la RC5 y el PSC.

Con las regulaciones y presiones que se implementarán, el Gobierno buscará que las alcaldías y prefecturas disminuyan el gasto corriente y aumenten la inversión. Entre las propuestas está fortalecer sectores como educación, salud, capacitación e infraestructura, con la idea de convertirlos en proyectos que generen ingresos para los municipios; es decir, que algunos proyectos sociales gratuitos podrían pasar a tener un costo.

Recordemos que el Estado central mantiene una deuda con los GAD, deuda que, al parecer, no será cancelada. A esto se suma que el país mantiene deudas millonarias con prestamistas internacionales, lo que obliga al Gobierno a buscar mecanismos de ahorro dentro del gasto público para cumplir con sus acreedores, pese a que muchos consideran que esos recursos no se han reflejado plenamente en inversión dentro del país.

Una vez más, el Gobierno interviene en los recursos públicos, y surge el cuestionamiento sobre el uso de estos fondos. También se cuestiona el gasto en viajes presidenciales, señalando que el financiamiento estatal posiblemente haya provenido de créditos externos que luego deben ser pagados a organismos internacionales.

Debemos entender que, cuando un país se endeuda, el principal afectado suele ser el pueblo, porque los recursos públicos se reducen y se limitan las posibilidades de inversión social y comunitaria.