La Superintendencia de Compañías interviene la compañía Gráfica Nacional S.A

La Superintendencia de Compañías declaró la intervención de la compañía Gráfica Nacional S.A., empresa editora de los diarios Expreso y Extra.

Según declaraciones de los directivos de la empresa, esta medida respondería a una supuesta intención del Gobierno de apropiarse de una parte de la compañía. Existen sectores que califican este acto como una posible vulneración a la libertad de expresión.

Por su parte, la Superintendencia sostiene que el objetivo de la intervención es supervisar y controlar el manejo financiero de la empresa, así como prevenir futuros desacuerdos entre socios. Además, manifiesta que la editora Granasa habría incumplido lo establecido en el artículo 354, numeral 5, de la Ley de Compañías.

En el portal de Expreso se señaló que la intervención se realizó a pedido de Inmobiliar, entidad adscrita a la Presidencia de la República. Por esta razón, dicho accionar ha sido interpretado como un intento de apropiarse del 40% de las acciones de la empresa editorial.

Los directivos de la compañía dejaron en claro que no modificarán su línea editorial. Este caso se origina a partir de denuncias presentadas anteriormente por el SRI y la Fiscalía, relacionadas con presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos por parte de la empresa editora. Sin embargo, según los representantes de la editorial, dichas acusaciones son infundadas y no han podido ser comprobadas.

El 40% de las acciones de la compañía editora pertenecía a la empresa Vienesa S.A., cuya propietaria es Ingrid Martínez, hermana de Carlos Martínez Bruno, propietario de la editora. Actualmente, Vienesa S.A. se encuentra en proceso de liquidación. No obstante, antes de que se declarara en ese estado, Ingrid Martínez habría transferido el 40% de las acciones de la editora desde Vienesa S.A. a su propiedad personal.

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, dicho traspaso no consta en los registros oficiales, lo que constituye el origen del conflicto que ha derivado en la disputa por ese porcentaje accionario de Granasa.

Ambas partes deberán sustentar con pruebas claras y verificables la legalidad de sus actuaciones. La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de conducir las investigaciones con transparencia, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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