Crisis en el IESS: demoras extremas, agenda saturada y controversia por consultas de 10 minutos

 

Marcela, de 48 años, logró superar una compleja cirugía de 12 horas para retirar un tumor en la vesícula en abril de 2025, realizada en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en Quito. No obstante, su mayor dificultad empezó después, cuando intentó conseguir atención médica posterior a través del IESS y no obtuvo respuesta oportuna. Con las vías biliares obstruidas, se vio obligada a acudir al sector privado, asumir gastos de miles de dólares y permanecer cuatro días en terapia intensiva.

En febrero de 2026, aún con drenajes adheridos a su cuerpo para evacuar bilis, regresó al HCAM por una complicación. Allí le informaron que ya tenía una cita programada para dos meses después, por lo que no fue atendida en emergencia. Ante el riesgo que corría su vida y sin poder cubrir los USD 8.000 que costaba el procedimiento en una clínica particular, relató a Primicias que buscó apoyo en la Asamblea Nacional para gestionar su caso. Según su testimonio, solo así consiguió que su intervención se adelantara para marzo de 2026.

Situaciones similares se evidencian en los congestionados pasillos del hospital. María, otra afiliada, aguardó desde octubre de 2025 por una consulta en endocrinología. En paralelo, familiares de pacientes con glaucoma denunciaron que, tras la licencia de maternidad de su especialista, la agenda permaneció cerrada durante cuatro meses, lo que puso en peligro la salud visual del afectado.

Estos casos reflejan el deterioro del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), marcado por un prolongado represamiento quirúrgico, cuestionamientos a sus plataformas tecnológicas y disposiciones administrativas que, de acuerdo con médicos del hospital, comprometen la calidad y seguridad en la atención.

Ante el descontento ciudadano, el viernes 20 de febrero de 2026 el IESS presentó un denominado “plan de optimización”. La propuesta central consiste en reducir el tiempo de consulta a 10 minutos para controles y trámites médicos, y a 20 minutos en especialidades no quirúrgicas, con la meta de generar 4.000 turnos adicionales diarios en todo el país.

Sin embargo, la medida ha provocado rechazo en el HCAM. La Asociación de Profesionales de la Salud de esta casa de salud de tercer nivel expresó su desacuerdo, señalando que la disposición es inviable y vulnera el derecho constitucional a una atención médica de calidad.

Hugo Miranda, médico internista y presidente del gremio, explicó las limitaciones prácticas de la iniciativa. Indicó que más del 70 % de los pacientes atendidos son mayores de 65 años, por lo que solo el tiempo que tardan en ingresar al consultorio y sentarse puede consumir varios minutos debido a problemas de movilidad. A ello se suma la revisión de múltiples enfermedades crónicas y tratamientos farmacológicos, además de la evaluación física necesaria para emitir un diagnóstico adecuado.

Los profesionales sostienen que con este esquema se les obliga a trabajar bajo una lógica similar a la de una línea de producción, donde el rendimiento se mide por la cantidad de consultas despachadas. Miranda advierte que esta presión puede derivar en prácticas médicas deficientes: ante la falta de tiempo para una valoración integral, el especialista podría solicitar exámenes de laboratorio o estudios de imagen innecesarios como mecanismo de respaldo, saturando aún más el sistema diagnóstico.